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Este conjunto de causas, acotando las alternativas para otros tipos de explotación, están en el origen de una red de cañadas que hacia posible el uso complementario de los pastos. Precisamente en territorios de la Corona de Aragón ajenos a la influencia de la Mesta, la red de vías pecuarias alcanzó también una considerable representación, incluso más densa que la correspondiente de Castilla.

La ganadería mesteña movilizaba cada primavera y otoño entre dos y cuatro millones de cabezas de ganado, empujados por las inclemencias climatológicas. En verano se dirigían desde los llanos a las montañas, a los agostaderos, en busca de hierbas verdes con que alimentar a las reses. Por el contrario, el frío invierno les obligaba a emprender rumbo hacia el sur, a los invernaderos de Andalucía, Extremadura y sur de Castilla.

De esta forma, se configuró un trazado que atraviesa cuarenta provincias españolas y constituye una red quince veces más extensa que la red ferroviaria.

El devenir de estas vías, en tanto que rutas de enlace entre zonas complementarias de aprovechamiento alternativo, ha estado siempre supeditado a su paso pastoril, fiel reflejo de las vicisitudes de la cabaña ganadera, cuya evolución pormenorizada en el periodo contemporáneo se hace preciso analizar para entender su situación presente.

Nunca, ni siquiera durante los siglos de mayor pujanza y protección regia, se desenvolvieron pacíficamente los intereses de la ganadería trashumante, de suyo habitualmente conflictivos (disputas sobre jurisdicciones, arrendamiento y tasa de yerbas, acotamiento de heredades rústicas, aprovechamiento de terrenos baldíos y comunes, impuestos de tránsito, servidumbres pecuarias, etc.), e incluso en los estertores de la monarquía absoluta, al tiempo que la correlación de fuerzas enfrentadas comienza a inclinarse a favor de las cabañas estantes y de los labradores, terminará por cuestionarse desde el propio poder el apoyo a la trashumancia en régimen de privilegio: la supresión del cargo de “Alcalde mayor entregador de mestas y cañadas” del Honrado Concejo en Castilla, en 1796, y la abolición de las “corporaciones de mestas” en Navarra, en 1817, constituyen pruebas fehacientes de este ocaso.

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